La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) informó la imposición de una medida de sellamiento y suspensión temporal de obras que se adelantaban de manera irregular en el predio Primavera Aguas Calientes, ubicado entre las veredas Coello San Juan y Guaico, en el corregimiento de Toche, zona de especial importancia ambiental en el área de influencia del volcán Cerro Machín.
La decisión se produjo tras una visita técnica realizada el 27 de enero de 2026, en la que participaron profesionales de Cortolima y la Corregidora de Policía de Toche, con el fin de verificar la presunta construcción y ampliación de una infraestructura conocida como “caseta turística”, con aparentes fines comerciales y turísticos.
Durante la diligencia, las autoridades constataron la ejecución de obras sin licencia ni autorización ambiental, entre ellas la construcción de una plancha en concreto para unidades sanitarias, el levantamiento de un muro en el cauce de la quebrada Aguas Calientes para ampliar una piscina, y la existencia de una caseta utilizada como depósito de cemento, susceptible de convertirse en una edificación permanente.
Cortolima recordó que el predio es propiedad de la Corporación y fue adquirido con fines exclusivos de protección y conservación ambiental, por lo que no está permitido el desarrollo de infraestructura ni actividades turísticas, recreativas o comerciales por parte de terceros. Además, el área fue declarada Reserva Forestal Protectora Regional (RFPR) mediante el Acuerdo No. 014 del 17 de junio de 2022, con el objetivo de proteger los cuerpos de agua, conservar los ecosistemas de bosque altoandino, húmedo y de niebla, preservar la biodiversidad y mitigar los riesgos asociados a la actividad geológica del volcán Cerro Machín.
Como antecedente, la entidad señaló que sobre este mismo predio cursó una querella policiva que culminó con una audiencia el 5 de marzo de 2024, en la cual la Corregidora de Policía de Toche ordenó la destrucción de dos casetas construidas ilegalmente, permitió únicamente el uso adecuado de una servidumbre sin afectaciones ambientales y notificó oportunamente dichas decisiones a los involucrados y a la comunidad.
Tras evidenciar el avance de nuevas obras y el incumplimiento de las órdenes impartidas, la autoridad policiva procedió a imponer el sellamiento y la suspensión de las actividades, en cumplimiento de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) y de la normatividad ambiental vigente, mientras concluye el proceso judicial de segunda instancia, iniciado en 2024.
Adicionalmente, Cortolima reportó la detección de múltiples actividades no permitidas dentro del área protegida, como el pastoreo de ganado, el uso recreativo de aguas termales sin concesión, la captación de agua para al menos tres piscinas, el tránsito permanente de turistas a pie, a caballo y en motocicletas, el cobro indebido de tarifas de ingreso, daños a vallas institucionales y la construcción de nueva infraestructura incipiente.
La Corporación reiteró su compromiso con la defensa del patrimonio ambiental del Tolima y anunció que continuará ejerciendo acciones de control y seguimiento para garantizar la protección de las áreas estratégicas del departamento.
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